Elaborado por: Lic. Juan Francisco Néjera Coto
Estudiante de Maestría de la Univesidad de Indiana, USA
Revisando la versión digital de La Nación del día 13 de septiembre del presente año, me encontré con el vínculo de “Latinoamérica ya!” Una alegría encontrar noticias de nuestras tierras. Sin embargo, la nota que salto a mis ojos no fue una que hablara de sus bellezas naturales, como las cataratas de Iguazú o los imponentes restos de las civilizaciones de nuestros antepasados. Lamentablemente me entere de la violencia generada en Chile el día 11 de septiembre, como reacción adversa al modelo económico en boga. Las autoridades desvirtuaron las manifestaciones, aduciendo la violencia a grupos organizados del hampa y del narcotráfico. Si bien es cierto estos actos deberían ser evitados en cualquier sociedad, llega el momento que las personas menos favorecidas por las economías actuales agotan su paciencia, la insatisfacción es insoportable, y no encuentran una manera de que sus quejas y necesidades sean solventadas y surgen estos actos terribles, donde incluso la vida de los seres humanos corre peligro. Pero ¿qué es lo que genera esta violencia? ¿Por qué sucede algo así en un país que, según oímos constantemente a través de diferentes medios, es un modelo de desarrollo para América Latina?
El mismo artículo arroja una luz bastante clara sobre las razones. Dice el autor que Chile tiene el ritmo de crecimiento más prometedor de la región, pero igualmente es uno de los países que peor distribuye su riqueza. “En Chile, el 10% más rico de la población se lleva el 47% de los ingresos, mientras que el 10% más pobre sólo obtiene el 1,2%.” Las cifras no necesitan ninguna explicación. La economía chilena trabaja en función los intereses de un porcentaje ínfimo de la población, y la resabida prosperidad chilena no es más que una explotación indiscriminada de los más pobres por parte de los más ricos, valiéndose de los eufemismos tan de moda en nuestros días, como aquello de “la privatización” y de “la apertura de mercados.”
Por otro lado nos encontramos una situación desastrosa en uno de los países “grandes” y “poderosos” del mundo. A dos años del paso del huracán “Katrina”, que devasto por completo a Nueva Orleáns, el gobierno del presidente Bush sigue añadiendo desaciertos a su ya larga lista de infortunios. Después de veinticuatro meses, Nueva Orleáns sigue siendo una zona de desastre. Barrios enteros han desaparecido, no hay iglesias, no hay escuelas, y las personas que se quedaron en esta zona reciben a los visitantes con lagrimas en los ojos, mientras pasean por las ruinas de lo que un día fue un lugar bellísimo, con una riqueza cultural sin igual en otros estados de la unión. Estados Unidos derrocha millones de dólares al día en una guerra sin sentido, que tiene hastiados a la mayoría de ciudadanos, y el gobierno no sabe ni siquiera dar razón de $50 millones de dólares que se giraron para la reconstrucción de la cuidad.
Y la infraestructura es el menor de los males. Por semana se reportan 1300 arrestos, los niños en las escuelas son proclives a la depresión, la violencia y a problemas de déficit atencional. Los dineros dedicados a la contratación de personal de salud (médicos, especialistas, enfermeras) se desaprovechan porque los interesados en estos puestos no encuentran casas donde vivir. De las casas que “siguen en pie” cada día son desalojadas mas personas; las viviendas son declaradas inhabitables y los moradores son lazados a la calle sin ninguna contemplación. En este panorama tan árido, los que parecen salir beneficiados son, una vez más, los sectores con mayor poder económico del país. El señor presidente es beneficiario de una de las empresas encargadas de la reconstrucción. Estas empresas demuelen lo que queda de los barrios arrasados, sin compensar económicamente a los dueños anteriores de los inmuebles, para construir edificios y complejos que luego serán vendidos o alquilados por sumas exorbitantes. Dicho sea de paso, estas empresas utilizan la mano de obra más barata: los presidiarios de las cárceles de la región o inmigrantes ilegales, que trabajan por menos del salario establecido por ley y sin la protección de las garantías sociales mínimas. Una de las mayores críticas que ha generado este sistema de empleo es que una gran porción de los habitantes de Nueva Orleáns están desocupados, pero se prefiere recurrir a este tipo de contratación, en lugar de generar ganancias que sin duda alguna reactivarían la maltratada economía de la zona. Todo esto porque las personas encargadas de dictar las leyes que ayudarían a los ciudadanos prefieren mirar hacia otro lado y favorecer intereses de otras personas. En lugar de generar bienestar se crea descontento, y el problema no disminuye; crece cada día más y las soluciones ni se asoman por ningún lado. Esta ineptitud administrativa del gobierno del George W. Bush lo pone en una muy mala situación de cara a las elecciones del año próximo, tal vez la única buena noticia alrededor de todo el asunto.
Estos son solo dos ejemplos de lo que las actuales economías están logrando. Los supuestos beneficios del libre mercado, de la competencia sin regulaciones, del “capitalismo salvaje”, como lo nombro el querido Juan Pablo II, sólo están logrando un mundo cada vez más inestable, con desigualdades cada vez más marcadas. Es imperioso que nuestros líderes busquen soluciones reales, tangibles, en un corto plazo. Los mercados libres pueden ser algo muy beneficioso, sin lugar a dudas, pero es necesario encontrar maneras efectivas de distribuir las ganancias de una manera mas equitativa, para que una mayor cantidad de gente tenga acceso a opciones mas dignas, a una vida mas “humana”, a una educación que de verdad contribuya al crecimiento espiritual de todos. Debemos de estar muy alertas de frente al modelo que algunas personas quieren implantar en nuestra Costa Rica, con la frase de que “para todos es bueno.” Abramos bien los ojos, y tomemos como lección lo que esta sucediendo en otro lugares, con personas similares a todos nosotros. Démonos cuenta de que en realidad no es bueno para todos, que hay una parte de la población que quedaría excluida, en una posición de clarísima desventaja, y que lejos de unir a nuestro país, podría separarlo aún más. De adoptar este modelo, los peligros son mucho mayores que las ventajas que ofrece, y Costa Rica tendría que pagar muy caro el lujoso “bienestar” de un sector muy reducido de la población.
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